Los derechos de todos los individuos implican una consolidación de políticas de igualdad que eviten exclusión y fomenten la convivencia social y política (Senplades, 2017), sólo de esta manera se puede avanzar hacia una equidad plena en diversidad y sin exclusión. Si bien, el Ecuador ha perfeccionado su modelo de Estado descentralizado y ha propiciado procesos de participación cada vez más incluyentes y efectivos, aún no existe equidad total en cuanto a ingresos, edades, género o inclusión de minorías. De hecho, la pobreza es 4,3 veces mayor en zonas rurales en comparación con hogares urbanos (INEC, 2010), mientras que según el MIES (2015), las condiciones socioeconómicas en las que viven los adultos mayores en nuestro país son en su mayoría deficitarias, estimándose que el 57,4%, que corresponde a 537.421 personas, se encuentra en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Los avances más grandes se han dado con los grupos de personas con discapacidad, estableciéndose en el ‘Código de Trabajo’ la contratación obligatoria del 4% de personas con discapacidad del total de empleados de una empresa (MDT, 2015). En cuanto a la inclusión de grupos minoritarios, en 2003 se determinó que existía un 65% aproximado de racismo, siendo los grupos afroecuatorianos los más afectados (88%) y los indígenas (71%). Esto se refleja en el área laboral donde la tasa de desempleo para estos sectores se ubica en el 12%, siendo la tasa promedio nacional del 9% (EcuadorInmediato, 2007).
